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Photo: UN Women/Allison Joyce
Cuestiones
El Pacto Mundial para la Migración enuncia claramente la importancia de prestar servicios básicos a todos los migrantes, independientemente de su situación migratoria. Toda persona tiene derecho a la atención de salud, a una vivienda, a la educación y a la justicia en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos. El derecho de los migrantes a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental debería estar garantizado, e incluir la prestación de servicios adecuados a la edad de las personas y adaptados a las necesidades de los adolescentes.
La atención de salud universal es un derecho inalienable que debe respetarse en todo momento, incluso durante las crisis sanitarias mundiales, como la pandemia de COVID-19, en que las desigualdades existentes suelen exacerbarse, aumentando la vulnerabilidad de las mujeres y niñas migrantes. El acceso a servicios de asistencia sanitaria, incluida la atención de salud sexual y reproductiva, con servicios como los de planificación familiar y atención de salud prenatal y posnatal de calidad, junto con educación e información sobre la salud sexual y reproductiva, en los países de tránsito y de destino, es un derecho humano esencial.
Todas las mujeres y niñas migrantes, así como los migrantes transgénero y de género no conforme, deben tener garantizado el acceso a la justicia y a servicios que respeten las diferencias de género, sin temor al maltrato, la discriminación, la detención, la deportación u otra penalización. Deberían establecerse cortafuegos entre los dispensadores de servicios y las instancias de control de la inmigración, para garantizar la seguridad en las denuncias y el acceso a la justicia.