Cuestiones
El Pacto Mundial para la Migración enuncia claramente la importancia de prestar servicios básicos a todos los migrantes, independientemente de su situación migratoria. Toda persona tiene derecho a la atención de salud, a una vivienda, a la educación y a la justicia en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos. El derecho de los migrantes a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental debería estar garantizado, e incluir la prestación de servicios adecuados a la edad de las personas y adaptados a las necesidades de los adolescentes.
La atención de salud universal es un derecho inalienable que debe respetarse en todo momento, incluso durante las crisis sanitarias mundiales, como la pandemia de COVID-19, en que las desigualdades existentes suelen exacerbarse, aumentando la vulnerabilidad de las mujeres y niñas migrantes. El acceso a servicios de asistencia sanitaria, incluida la atención de salud sexual y reproductiva, con servicios como los de planificación familiar y atención de salud prenatal y posnatal de calidad, junto con educación e información sobre la salud sexual y reproductiva, en los países de tránsito y de destino, es un derecho humano esencial.
Todas las mujeres y niñas migrantes, así como los migrantes transgénero y de género no conforme, deben tener garantizado el acceso a la justicia y a servicios que respeten las diferencias de género, sin temor al maltrato, la discriminación, la detención, la deportación u otra penalización. Deberían establecerse cortafuegos entre los dispensadores de servicios y las instancias de control de la inmigración, para garantizar la seguridad en las denuncias y el acceso a la justicia.
Medidas
- Establecer leyes y políticas que garanticen el acceso a servicios que tengan en cuenta el género e incluyan la atención completa de la salud sexual y reproductiva y de la salud mental para todas las mujeres y niñas migrantes, independientemente de su situación migratoria
- Implantar políticas que garanticen la independencia de los dispensadores de los servicios y la confidencialidad de los usuarios, estableciendo una separación entre las actividades de control de la inmigración y la prestación de servicios públicos
- Establecer servicios de denuncia seguros, independientes, confidenciales y accesibles para todas las mujeres y niñas migrantes que sean objeto de violaciones de los derechos humanos, delitos o vulneraciones de los derechos laborales, sea cual fuere su situación migratoria
- Proporcionar información clara y en formatos accesibles, a nivel municipal y nacional, sobre los recursos disponibles, el acceso a la justicia y los mecanismos de denuncia para los casos de violaciones de derechos humanos
- Ofrecer los servicios esenciales, como la atención de salud, la justicia y los servicios sociales, a los supervivientes de la violencia sexual o de género, con independencia de su situación migratoria
- Establecer programas de estudios para la educación primaria y secundaria, incluidos los centros de enseñanza para inmigrantes, que tengan en cuenta las cuestiones de género, promuevan la igualdad de género y apunten a acabar con los estereotipos negativos relacionados con el género y la migración
- En el contexto de la COVID-19: ofrecer gratuitamente o a bajo costo a todos los migrantes, sea cual fuere su situación migratoria, la prueba de detección de la COVID-19 y otras medidas de salud pública, así como el acceso a otros servicios esenciales