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En el mundo entero, las trabajadoras migrantes han estado en la primera línea durante la pandemia de COVID-19, muchas de ellas en empleos esenciales pero mal remunerados, precarios y a menudo no regulados, en ámbitos como los de la salud, la prestación de cuidados, los servicios de lavandería y de limpieza y la agricultura, con un alto riesgo de exposición al coronavirus. Otras han sido despedidas o han perdido el trabajo debido a la pandemia, quedando, en muchos casos, sin ingresos y sin prestaciones sociales. Las trabajadoras migrantes corren un riesgo particularmente alto de perder sus medios de sustento, y su acceso a los servicios de atención de salud suele ser limitado o nulo. Es más, tienden a trabajar en el sector informal, especialmente en el servicio doméstico y como cuidadoras, con contratos precarios, sin licencias remuneradas y sin la posibilidad de trabajar desde casa. Sus empleos suelen estar excluidos de los regímenes de seguridad social contributivos, lo que significa que su disponibilidad de redes de seguridad social que compensen los ingresos perdidos y su acceso a la atención de salud o a licencias remuneradas por motivos médicos y familiares son escasos o nulos.
Muchas mujeres migrantes no pudieron regresar a sus países de origen debido a las medidas de confinamiento y a la prohibición de los viajes, quedando en numerosos casos sin empleo o con menos horas de trabajo y un salario menor. Las que pudieron regresar, se encontraron con altos niveles de estigmatización y discriminación, acusadas de propagar la COVID-19 y sin ninguna posibilidad de trabajar. La pandemia ha exacerbado el riesgo de violencia sexual y de género, de por sí elevado, que corren las mujeres migrantes en todas las etapas de la migración, especialmente aquellas que, por estar en situación irregular o pertenecer a minorías sexuales y de género, tienen menos probabilidades de denunciar esa violencia, debido a la discriminación o al miedo a la detención o la deportación. La pandemia ha aumentado también la vulnerabilidad de las mujeres y niñas migrantes a la trata de personas. La creciente pobreza y la imposibilidad de conseguir un trabajo decente pueden inducir a las mujeres a buscar oportunidades económicas arriesgadas y a exponerse a un mayor riesgo de coacción, abuso y trata.
Al mismo tiempo, las medidas de contención han perturbado considerablemente la prestación de los servicios esenciales de prevención y tratamiento de la violencia sexual y de género, reduciendo aún más las posibilidades de las mujeres migrantes de obtener apoyo en ese ámbito. Algunas pueden asimismo ser reacias a solicitar ayuda médica, por ejemplo, pruebas de detección o tratamientos, por temor a ser detenidas o deportadas. En algunos casos, las mujeres migrantes —en particular las indocumentadas— han quedado excluidas de las medidas de socorro de emergencia adoptadas por los gobiernos ante la COVID-19, pese a la mayor carga de prestación de cuidados que ha recaído sobre sus hombros y a la reducción de las oportunidades de empleo. Es primordial que las vulnerabilidades específicas de las mujeres y niñas migrantes durante la pandemia se tengan debidamente en cuenta y se aborden en la implementación del Pacto Mundial para la Migración.
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